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Hace cuatro años, a las 2:45 pm del 5 de junio de 2009, un incendio consumió las instalaciones de la Guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Las imágenes que vimos en los noticieros fueron desgarradoras. La guardería no contaba con las instalaciones apropiadas para enfrentar una emergencia de este tipo; las llamas se extendieron apenas dando oportunidad a que quienes se encontraban ahí o pasaban por el lugar alcanzaran a reaccionar -un hombre tuvo que abrir un agujero en una pared golpeándola con su camioneta-, y el saldo fue de 49 niños muertos y 76 con lesiones de diversos grados.

La ABC era una guardería subrogada, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia del gobierno federal, otorgó su operación desde 2001 a un grupo de individuos a nivel privado. La característica de esta subrogación fue que los beneficiarios fueron personajes vinculados con la cúpula de gobierno y partidista de México, entre ellos una prima de la entonces primera dama de ese país, Margarita Zavala de Calderón, quien era socia fundadora de la Guardería ABC. Meses más tarde se sabría que la práctica de otorgar poder legal sobre las guarderías subrogadas a familiares de políticos es una costumbre común en el país: nombres como Tarciso Torres Calderón, primo del ex presidente Felipe Calderón, o José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox, aparecen entre los beneficiarios del sistema.

A pesar de la evidencia de irregularidades que fue presentada y aceptada por las autoridades a cargo de la investigación de lo ocurrido en la Guardería ABC, y de las diversas órdenes de aprehensión giradas en los meses posteriores, el castigo a los responsables de las fallas en la operación del lugar no ha llegado. Algunos de los involucrados ya han recibido acusaciones de homicidio y lesiones culposas, pero se encuentran libres gracias a recursos jurídicos o al pago de finazas. De cerca de 30 personajes implicados, sólo dos de un nivel menor, una coordinadora y una supervisora de la guardería, se encuentran en prisión. Funcionarios de rango mayor también implicados en el caso, como el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y los ex directores del IMSS Daniel Karam y Juan Francisco Molinar Horcasitas fueron deslindados de toda responsabilidad por la Suprema Corte de Justicia. La prima de la primera dama, Marcia Matilde Gómez del Campo, tampoco ha pisado la cárcel.

Cuatro años más tarde, los padres y las familias de las víctimas han perdido la cuenta de las veces que han visitado oficinas de gobierno, organizado protestas, prendido veladoras con las fotos de sus hijos, convocado a manifestaciones para pedir la más elemental justicia. Si uno ha seguido su marcha, puede ver la evolución en ellos: cada vez lloran menos, aunque la rabia aún se note; han aprendido a dirigirse a los medios, a usar el vocabulario que entiende la autoridad. Saben explicar cuál es su objetivo: no la venganza, sino la justicia. Han aprendido a usar las redes sociales, a financiarse los viajes, a dar ánimos a quienes han sufrido de pérdidas similares y también enfrentan la impunidad. Se ven más decididos, fuertes.

Sin embargo basta dar un vistazo más a fondo para saber que no es cierto. En una nota publicada el martes 4 de junio, Liliana Alcántara, reportera del diario mexicano El Universal, relata los ecos de la tragedia, el saldo con el que viven las familias afectadas. La hermana mayor de uno de los niños muertos se hace daño a sí misma para morir y encontrarse en el cielo con su hermanito. Una mujer ha sido llevada en tres ocasiones a un hospital de psiquiatría porque asegura ver a su hijo fallecido rondando por la casa. Una niña de ocho años no puede dejar de orinar la cama a partir de la muerte de su hermano. Otra madre llora a escondidas, aferrada a fotos y videos del hijo que ya no está.

Se ha dicho en repetidas ocasiones que el mayor problema de México no es la delincuencia, sino la impunidad, y ésta hiere más cuando proviene de la autoridad que protege a la propia autoridad; una élite que desdeña al quienes representa y tiene la obligación de servir. Pero la justicia no es la obligación de un gobierno, sino del Estado Mexicano. Si el gobierno de Felipe Calderón no estuvo a la altura de su responsabilidad y eligió proteger los intereses de su círculo cercano, tendría que ser el nuevo gobierno, el de Enrique Peña Nieto, el que tomara cartas en el asunto. Los pendientes con la justicia no son asunto sexenal, y la impunidad no caduca cuando termina un gobierno: este no es un asunto que se desvanezca con el fin de las gestiones de Bours en Sonora o de Calderón en México. La falta de castigo a los responsables por el caso ABC pone en evidencia lo peor del Estado Mexicano: uno que desprotege a los niños, su recursos más valioso y vulnerable, dejándolos arder impunemente hasta la muerte.