Ya sea mediante leyes estatales, ordenanzas municipales, órdenes ejecutivas o medidas federales, si algo tienen en común los republicanos antiinmigrantes es que recurren al mismo libreto de siempre: promueven —y en varias ocasiones implementan— medidas de presunto combate a la inmigración indocumentada que terminan infligiendo daños a comunidades minoritarias. Ese rechazo es en su mayoría contra hispanos, sobre todo mediante el uso del perfil racial y la violación de derechos civiles.

El debate en torno a la eliminación del Título 42, una ley sanitaria que expulsa migrantes que intentan solicitar asilo, salvo ciertas excepciones, es un capítulo más de la triste saga de la discusión migratoria en este país, que no se basa en soluciones, sino en explotar el tema con fines político-partidistas. Es más, es un libreto desgastado y predecible en una obra donde únicamente cambian los actores. La única constante sigue siendo el cúmulo de eternos protagonistas: los millones de indocumentados que continúan en el limbo.

Algunas medidas migratorias enfrentan una carrera contrarreloj, mientras el Congreso se prepara para un receso de cinco semanas en el mes de agosto, previo a una elección intermedia donde los demócratas se juegan el control de ambas cámaras legislativas.

Ya pasado el primer aniversario de la presidencia de Joe Biden y los análisis de cómo la reforma migratoria una vez más quedó en el tintero, la pregunta obligada es qué resta por hacer. Es decir, cuál es el siguiente paso para lograr algo en este año electoral, que complicaría todavía más el panorama en el frente migratorio en lo que resta de esta presidencia si los demócratas pierden el control del Congreso.