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Las similitudes entre Trump y Obama hasta ahora, en materia de políticas de deportación, no son nada alentadoras.

En la Alemania de 1940 si a una persona se le encontraba con un documento de identidad que no le pertenecía, el castigo era la muerte. Los agentes de inmigración eran hombres y mujeres convencidos de que aquellas faltas eran suficientes para terminar con la vida de esas personas de manera inmediata. La percepción que tenían de los condenados era que su salida de este mundo aseguraba más beneficios para ellos y sus familias ya que los consideraban una amenaza y carga para la sociedad. Lo que empezó como una limpieza étnica terminó en un sistema de exterminio en el que murieron millones de personas, en su mayoría judíos.

Los alemanes de esa época estaban convencidos que su Presidente sólo quería restablecer la ley y el orden y veían aquellas medidas como necesarias para lograrlo. El apoyo para su mandatario que prometió regresar "la grandeza al país alemán" fue general. El desempleo era mínimo y la nación alemana veía con gran optimismo su futuro. La sociedad cambió sus valores y su humanidad por un pedazo extra de pan en su mesa y unas monedas más en su bolsillo.

Sin hacer comparaciones paralelas, porque en los campos de concentración de indocumentados en Estados Unidos, los cuales se les llama de manera elegante, "centros de detención". No son campos de extermino físico, como lo eran los de la Alemania nazi, pero sí los podemos calificar como campos de exterminio de libertades y de derechos inherentes al ser humano, como son el derecho a la libertad y a la justicia.

Ya es tiempo de que como ciudadanos pensantes de este país, cuestionemos las motivaciones reales de los que nos gobiernan para mantener a miles de hombres y mujeres en cárceles y "centros de detención", de manera indefinida por el sólo delito de haber usado un documento falso para trabajar o el seguro social que le pertenecía a otra persona. Las "lumbreras en Washington de ambos partidos" aprobaron que éstos sean considerados delitos federales, así como el que una persona intente varias veces cruzar la frontera. No importa si comprueba que ha vivido acá la mayor parte de su vida y tiene familia, casa, negocio, es altruista. Nada de eso es válido ante los implacables jueces de inmigración.

Con la llegada al poder de Barack Obama pensamos que llegaría el sentido común y la justicia para los que purgan largas sentencias por faltas de inmigración y que su promesa de una reforma migratoria se daría en los primeros 100 días de su gobierno: no sólo no se dio, sino que el expresidente, en su afán de quedar bien con sus enemigos, para otros logros legislativos, se convirtió en un Saulo de Tarso (Apóstol Pablo) del Siglo XXI. Se dedicó a perseguir a indocumentados y al final se coronó como el Presidente que deportó y separó a más familias que sus últimos cinco predecesores. El argumento de que todos eran peligrosos criminales resulta falso ante las evidencias. La mayoría tenía delitos menores que al juntarse tres se convierte en uno mayor, cuestión de matemáticas. Entre el 2009 y el 2015 más de 2.5 millones de personas fueron deportadas. Lo trágico es que esta respetable suma va a palidecer frente a la cifra que nuestro actual Presidente quiere tener al final de su periodo. La va usar para su reelección. Sus instrucciones han sido claras: Más redadas en compañías grandes y en los estados que no me favorecieron con el voto.

La esperanza de los perseguidos (Indocumentados) es que al Presidente le ocurra lo que a Pablo, que Dios se le revele y que éste se convierta al cristianismo real, el de amar a tu prójimo, el de no humillar al humilde, y el de proteger al débil y desvalido. Mientras esto ocurre y ojalá que suceda, los indocumentados, sobre todo si tienen un caso pendiente con inmigración, deben asegurarse una vivienda en su lugar de origen, ahorrar lo más que puedan en efectivo, tener localizado a un buen abogado de inmigración y organizarse como un grupo dispuesto a luchar, sabedor que tiene fuerza económica y que la puede ejercer en contra de la campaña que el Presidente ha iniciado en su contra. Un primer golpe, y muy certero, sería una carta abierta al Presidente publicada en el Washington Post o el New York Times donde los indocumentados reclamen su lugar en la sociedad como empresarios y contribuyentes.