Para todo mundo ha quedado claro que aquella imagen que Estados Unidos tenía como país idílico al que aspiraban, independientemente de su condición, los migrantes de cualquier parte del mundo ha quedado desdibujada, maltrecha. En casi tres años, el surgimiento de una nueva forma de tratar al “otro” ha modificado, quizá para siempre, su posibilidad de convertirse en una verdadera nación de bienvenida.
Durante el fin de semana, dos de los principales diarios de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post, dedicaron artículos de primera plana a la polémica figura del asesor presidencial, Stephen Miller, el principal arquitecto de la política antiinmigrante del gobierno de Donald Trump.
Para comprobar que la situación para los inmigrantes, y no solo indocumentados, y las personas de color se tornará más precaria según nos adentramos en la temporada electoral 2020, la administración Trump anunció que ampliará a nivel nacional el proceso de deportaciones expeditas, que al presente se aplica en un radio de 100 millas de la frontera.
La nueva batalla en la guerra de Donald Trump contra las minorías llega encarnada en la nueva regulación de “carga pública” dirigida a inmigrantes con estatus migratorio legal que llegan cada año a Estados Unidos o aquellos que quieran ajustar su estatus. Si no llenan ciertos requisitos económicos y sus ingresos suponen que pueden depender de programas públicos, no serán admitidos. Incluso, los que ajusten su estatus podrían estar sujetos a la deportación si se convierten en “carga pública”.
Todas las personas que viven en los Estados Unidos, incluyendo a inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos según la Constitución de los EE.UU. Si usted es indocumentado y oficiales de inmigración (ICE) tocan la puerta, sepa que tiene los siguientes derechos:
