La nueva batalla en la guerra de Donald Trump contra las minorías llega encarnada en la nueva regulación de “carga pública” dirigida a inmigrantes con estatus migratorio legal que llegan cada año a Estados Unidos o aquellos que quieran ajustar su estatus. Si no llenan ciertos requisitos económicos y sus ingresos suponen que pueden depender de programas públicos, no serán admitidos. Incluso, los que ajusten su estatus podrían estar sujetos a la deportación si se convierten en “carga pública”.
Para comprobar que la situación para los inmigrantes, y no solo indocumentados, y las personas de color se tornará más precaria según nos adentramos en la temporada electoral 2020, la administración Trump anunció que ampliará a nivel nacional el proceso de deportaciones expeditas, que al presente se aplica en un radio de 100 millas de la frontera.
Hacia noviembre de 2017, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, daba un contundente informe de su visita a Guatemala, nación a la que describió como asombrosa y diversa, pero en la que existen, dijo, dos realidades.
Todas las personas que viven en los Estados Unidos, incluyendo a inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos según la Constitución de los EE.UU. Si usted es indocumentado y oficiales de inmigración (ICE) tocan la puerta, sepa que tiene los siguientes derechos:
Alrededor de 240,000 inmigrantes, junto con millones de seres queridos celebraron y lloraron al enterarse de que un juez federal dio una orden temporal para bloquear la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había sido ordenada por el gobierno de Trump para cientos de miles de haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y sudaneses.
