Hacia noviembre de 2017, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, daba un contundente informe de su visita a Guatemala, nación a la que describió como asombrosa y diversa, pero en la que existen, dijo, dos realidades.

Alrededor de 240,000 inmigrantes, junto con millones de seres queridos celebraron y lloraron al enterarse de que un juez federal dio una orden temporal para bloquear la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había sido ordenada por el gobierno de Trump para cientos de miles de haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y sudaneses.

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