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Un funcionario con el cargo de Secretario de Estado de Texas hizo noticia el viernes pasado al publicar resultados de un estudio según el cual, 95,000 no-ciudadanos estadounidenses podrían haberse registrado para votar, incluyendo 58,000 que votaron en una o más elecciones desde 1996.

David Whitley giró instrucciones a funcionarios de elecciones de condados del estado para que investigaran a los votantes sospechosos. Durante el fin de semana, los medios de comunicación no pudieron hacer contacto con la dependencia a cargo de Whitley -y sin verificación alguna, varios comentaristas publicaron los números como supuestos casos de fraude. Donald Trump también propagó la cifra de 58,000 no-ciudadanos que votaron.

FALLAS
El martes, el Dallas Morning News publicó que la oficina del secretario de estado de Texas le pidió a por lo menos cuatro oficinas de elecciones de condados que retrasaran el pedido de pruebas de ciudadanía a la gente incluida en la lista de 95,000 potenciales votantes no-ciudadanos porque los datos podrían tener fallas.

Toni Pippins-Pole informó que la Oficina de Elecciones del Condado de Dallas no ha enviado notificaciones a nigún votante pidiéndole una prueba de ciudadanía porque está esperando una opinión de la oficina de la Fiscalía del Condado de Dallas sobre cómo proceder.

DEMANDA
El martes, LULAC presentó una demanda en una corte federal de San Antonio contra Whitley y el Procurador general Ken Paxton, a quienes acusan de emprender "esfuerzos para intimidar a gente que está actualmente -de manera legítima- registrada para votar" y orillarla a que se desempadrone o que no vote (o ambas cosas).

Lulac y Lulac Texas le pidieron al juez de distrito Fred Biery que le prohiba a los funcionarios del estado de Texas que intenten eliminar los nombres de las listas de votantes y que declare que dicho intento es una violación a la Ley de Derechos de Votación.

Domingo García, el presidente nacional de Lulac, convocó a una conferencia de prensa en Dallas para hablar de la demanda emprendida contra los funcionarios texanos. El abogado insistió en que es una táctica para intentar suprimir el voto latino y de intimidación contra votantes en relación directa con las elecciones del mes de mayo.

García informó que le solicitó a la oficina del gobernador y del procurador general los nombres de los 95,000 votantes a los que cuestiona el secretario de estado Whitley de ser posibles electores registrados ilegalmente. También les pidió que den a conocer la metodología que utilizaron para seleccionar a esa cantidad de votantes.