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Greg Abbott, Ken Paxton y David Whitley enfrentan una demanda federal por intentar cuestionar el derecho al sufragio de cerca de 100,000 personas, mediante una conspiración para suprimir el voto de ciudadanos naturalizados y minorías raciales.

MALDEF emprendió la demanda el sábado por la mañana en una corte de Corpus Christi, alegando que los tres funcionarios conspiran para suprimir el derecho al voto "al coordinar una campaña infundada de purga de votantes con amenazas de persecución criminal dirigida a electores que son ciudadanos naturalizados".

El martes, LULAC impuso la primera demanda tras la publicación de una lista de 95,000 posibles votantes ilegales dada a conocer el viernes 25 de enero.

La acusación de Lulac y Luca Texas señala a Whitley (secretario de estado de Texas) y a Paxton (procurador general) de emprender "esfuerzos para intimidar a gente que está actualmente -de manera legítima- registrada para votar" y orillarla a que se desempadrone o que no vote (o ambas cosas). 

El mismo martes, poco después de la demanda de LULAC, el Dallas Morning News publicó que la oficina del secretario de estado de Texas le pidió a por lo menos cuatro oficinas de elecciones de condados que retrasaran el pedido de pruebas de ciudadanía a la gente incluida en la lista de 95,000 potenciales votantes no-ciudadanos porque los datos podrían tener fallas.

AFECTADOS
La organización sin fines de lucro Campaign Legal Center, se unió al pleito de Lulac el viernes, haciendo una enmienda a la demanda emprendida el martes en San Antonio para sumar la queja de Julie Hilberg, una ciudadana naturalizada, de 54 años de edad, nacida en el Reino Unido.

Hilberg, una residente del sur de San Antonio, se registró para votar en el 2015 y votó por primera vez en las elecciones presidenciales del 2016. Supo que su nombre estaba en la lista de votantes "sospechosos" después de preguntar en la oficina de elecciones del condado -Atascosa.

La demanda de MALDEF busca una orden judicial que obligue a Whitley a retirar su lista actual "a menos que y hasta que obtenga información de que los votantes no son elegibles para votar".

Además de nombrar a Whitley, Abbott y Paxton como acusados, también aparece la recaudadora de impuestos del condado de Galveston, Cheryl E. Johnson, quien es la titular  de la oficina de registro de votantes para dicho condado. Siguiendo el aviso que emitió Whitley el viernes, Johnson se apresuró y envió cartas a más de 830 personas, cuestionándoles su elegibilidad para votar.

"Los funcionarios de Texas iniciaron esta purga de votantes defectuosa después de que los electores latinos duplicaron su participación desde las últimas elecciones intermedias", dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigios en MALDEF. "Enfocarse en los ciudadanos naturalizados, el 75 por ciento de los cuales son latinos y asiáticos estadounidenses en Texas, es un intento desnudo de quitar a las minorías de los padrones electorales".