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Last updateMar, 22 Ago 2017 2pm

Gobernadores mexicanos denuncian a Trump ante CIDH; mencionan casos de Dreamer detenido y madre deportada

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El gobernador de Morelos, México en representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reunió en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la políticas migratorias de Donald Trump por considerar que violan los tratados internacionales vigentes y afectan los derechos de connacionales mexicanos en Estados Unidos.

Graco Ramírez habló antes con un grupo de reporteros y explicó que no podía presentar una demanda en sí, pero que se referiría a casos concretos de mexicanos cuyos derechos humanos no han sido o no están siendo respetados.

“Condenamos las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de separar familias y detener a menores, siendo esto un acto de falta de respeto a los derechos humanos y consideramos que la violación del debido proceso es un precedente peligroso", dijo el gobernador en la rueda de prensa previa a su comparecencia ante la comisión.

El gobernador también destacó que las nuevas políticas migratorias criminalizan por igual tanto el delito de cruzar la frontera de forma indocumentada como los delitos considerados como graves.

Ramírez fue recibido el sábado alrededor del mediodía en la capital estadounidense por los líderes de la CIDH, ante quienes declaró que la Conago respalda el pedido de esa misma Comisión para que Estados Unidos anule las órdenes ejecutivas de Trump en materia migratoria.

Fue el pasado 1 de febrero,  cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó sus preocupaciones por  las órdenes ejecutivas y de refugio de EEUU, declarando que, "la implementación de estas órdenes agrava la grave crisis humanitaria que afecta a todas las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, por lo cual la CIDH urge a Estados Unidos a dejarlas sin efecto".

La Conago, que preside Ramírez, enfatizó que las políticas migratorias de Trump violan las obligaciones establecidas en tratados internacionales como la Convención de Viena en Relaciones Consulares y el Protocolo de Palermo, que permite a quienes llegan a las fronteras solicitar asilo o protección humanitaria.

El gobernador morelense señaló que las nuevas órdenes ejecutivas de Trump tienen serias consecuencias para la comunidad migrante tanto en Estados Unidos como en México, especialmente en el área de la frontera. Y señaló el caso de Guadalupe García, quien en 2008 fue acusada de usar el número de Seguro Social de otra persona para trabajar en Arizona. Desde entonces, la mexicana había estado sometida a proceso de deportación, en libertad condicional. Cada año aparecía ante una corte a “renovar” su libertad. Pero en enero de 2017 fue detenida y deportada sin ninguna audiencia, considerada una delincuente peligrosa.

Ramírez también recordó el caso de Daniel Ramírez, el beneficiario de DACA, de 23 años de edad, que está detenido y enfrenta la posbilidad de ser deportado del país en el que ha pasado la mayor parte de su vida.

Entre los puntos que destacó el gobernador destacan su oposición a la construcción del muro entre México y EEUU, que afectaría a millones de familias binacionales y tendrá impactos negativos en el comercio y  el llamado a que se evite la suspensión de ciudades santuario, entre otros.

A continuación, la carta de Ramírez al Pdte. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:


Cuernavaca, Morelos; México, a 16 de marzo de 2017.

Dr. Francisco José Eguiguren Praeli

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Presente:

La Conferencia Nacional de Gobernadores de México (CONAGO), conforme el principio de promover y velar por el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales, respaldamos el comunicado Núm. 008/17 del 1 de febrero de 2017, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la preocupación por las órdenes ejecutivas sobre migración y refugio en Estados Unidos. Asimismo, respaldamos los lineamentos para procurar la protección y defensa de los Derechos Humanos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Por ello nos sumamos a los puntos que la CIDH planteó en materia de migración y refugio:

-Se respalda la petición sobre la urgencia de que Estados Unidos deje sin efecto dichas órdenes ejecutivas.

-Nos oponemos a la construcción del muro entre México y Estados Unidos, que afectará a millones de familias binacionales y tendrá impactos negativos en el

comercio, la interacción y el dinamismo de la integración regional.

-Hacemos un llamado para evitar la suspensión de las “ciudades santuario” en Estados Unidos.

-Asimismo, nos unimos a la condena por la expansión de un sistema de cárceles que operen como centros de detención migratoria a lo largo de la frontera.

-Nos solidarizamos a la oposición frente a la suspensión del Programa de Reasentamiento de Refugiados, y la prohibición de ingreso temporal a los Estados Unidos a nacionales de seis países.

-Nos unimos a la oposición frente al cierre de la frontera a los solicitantes de asilo, en apego a los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario, así como instrumentos regionales como la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.

-Condenamos enérgicamente todas las órdenes ejecutivas mencionadas, que fomentan un discurso encaminado a la criminalización y estigmatización del migrante en Estados Unidos.

Debido a la evidente emergencia, los gobernadores de los estados mexicanos no podemos quedarnos al margen de tal situación. Es necesario demandar la protección de los derechos humanos de los migrantes y dar seguimiento a los casos de violaciones de derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos.

Resaltan casos emblemáticos de violación a los derechos humanos que se han producido de forma rutinaria en centros de detención migratoria, como el caso del condado Polk en Texas, que alberga entre 400 y 500 solicitantes de asilo procedentes de América Latina. Así como la negación de asilo a 7 mil personas de origen africano y haitiano, que se encuentran varados en Baja California desde diciembre de 2016, albergados en iglesias o refugios improvisados, generando una crisis humanitaria en la frontera.

De forma individual, destaca el caso de Guadalupe García de Rayos, quien se ha convertido en el rostro de las deportaciones desde Estados Unidos. Este caso, pone en evidencia la criminalización de los indocumentados que no han cometido delitos graves.

El caso de Daniel Ramírez, joven de 23 años, Dreamer y beneficiario de DACA, se encuentra detenido y enfrenta la posibilidad de ser expulsado del país donde ha pasado la mayor parte de su vida. Este es un claro ejemplo del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos que rebasa los límites de los derechos humanos y pone en riesgo a 750 mil Dreamers de vivir una situación similar.

Con relación a los operativos de parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, hacemos un llamado para reforzar mecanismos que eviten las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Se exhorta a las autoridades migratorias estadounidenses para que sigan procedimientos apegados a protocolos y convenciones internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el derecho a la pronta notificación consular y el Protocolo de Palermo, a fin de proteger los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

La CONAGO en este sentido, se compromete a identificar mecanismos en los cuales los estados en México puedan tener una mayor participación en las normas y estándares internacionales. Si bien, una entidad estatal no es parte del Derecho Internacional per se, los principios generales son aplicables porque los estados integran el cuerpo del derecho en el marco de los Derechos Humanos Internacionales en donde sí son exigibles.

Por ello, la presencia de la CONAGO es importante ante esta Comisión para señalar y prevenir que los memorándums aprobados en Estados Unidos, tendrán consecuencias graves para la diáspora mexicana, especialmente para aquellos que viven en las zonas fronterizas. Por ello, exponemos las siguientes problemáticas a observar:

-La aplicación del concepto ofensa criminal imputable, criminaliza por igual tanto el delito de cruzar la frontera de forma indocumentada como los delitos considerados como graves.

-La remoción vía rápida quebranta el debido proceso al saltarse a las cortes de inmigración y permitiendo que los oficiales que implementan las políticas actúen como juez y como jurado al tiempo de bloquear el acceso a protección humanitaria como el asilo, mismo que se encuentra garantizado en la legislación de Estados Unidos.

-También posibilita que las autoridades locales compartan información con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) sobre los

individuos en su custodia al tiempo de autorizarles enviar agentes de detención a las cárceles y centros correccionales locales- con el propósito de mantenerlos ahí más allá de la fecha de liberación y hasta que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) pudiera tomar custodia.

-Adicionalmente, existe un elemento que preocupa debido al estigma y discriminación que dicha decisión suscita, que es el establecimiento de la Oficina para víctimas del delito de inmigración, (VOICE por sus siglas en inglés) que puede cometer actos de xenofobia y racismo con base en los perfiles raciales de la comunidad inmigrante.

Repudiamos las consecuencias de la separación de familias que podría provocar la expansión del Memorándum 287(g) o cualquier otro mecanismo que vulnere el principio del interés superior de la niñez.

Por lo anterior, apelamos a la Comisión Permanente de la OEA sobre el tema migratorio, para desarrollar políticas y compartir prácticas ejemplares entre los Estados miembro. A través de estos canales conseguir flujos ordenados, seguros y protegidos que respeten los derechos de todos los migrantes.

Solicitamos a la Comisión, exhorte a Estados Unidos, país miembro de la OEA, a apegarse a los mecanismos internacionales y regionales con relación a la migración.

La CONAGO en este sentido hace un llamado a la protección y defensa de los derechos de los mexicanos y de todos los inmigrantes en Estados Unidos, en apego a los instrumentos internacionales ya existentes ante las nuevas directrices del presidente Donald Trump.

Nos sumamos a redoblar esfuerzos para identificar medidas adicionales en el trabajo multilateral encaminadas a la protección y defensa de la diáspora mexicana en Estados Unidos.

La Conferencia Nacional de Gobernadores de México no puede aceptar medidas unilaterales regresivas con tintes xenófobos; por el contrario debe promover que los derechos humanos sean el centro de toda política y regulación migratoria de parte de todos los actores participantes en esta Comisión.

Reciba mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Graco Ramírez Garrido Abreu

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y

Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores