Aunque el 2021 ya es historia, nos ha dejado, entre muchas otras cosas, dos preocupantes y desalentadores elementos: por una parte, una nueva variante del Covid 19 que está haciendo escantes alrededor del mundo; y, por otra, una nación y un Congreso —aquí en Estados Unidos— peligrosamente divididos, no solo para poder enfrentar efectivamente el virus que llegó para quedarse, sino para poder avanzar una agenda legislativa que nos ayude como país. Una división que sigue poniendo en riesgo los fundamentos democráticos de esta república.

Por tercera vez, la Parlamentaria del Senado falló en contra de los millones de indocumentados que llevan décadas aguardando por regularizar su situación y meses por la respuesta de la funcionaria. Determinó que el llamado “Plan C” para conceder permisos temporales de trabajo y protección de la deportación a 6.5 millones de indocumentados no procede dentro del proyecto Para una Mejor Reconstrucción (BBB), porque supone sustanciales cambios de política pública y por su costo.

Parece mentira, pero ha pasado un año ya del intento de destruir nada menos que la democracia estadounidense. Aquel 6 de enero de 2021 el mundo entero fue testigo de cómo una turba de fanáticos seguidores del expresidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio federal en Washington, D.C., con la intención de impedir a toda costa la certificación del triunfo electoral del actual mandatario Joe Biden.

La congresista federal Sylvia García celebró una serie de reformas al Código de Justicia Militar aprobadas en la Cámara de Representantes, que serán incluidas en la versión del Senado de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, en inglés), marcando un hecho histórico al abordar medidas que buscarán defender a víctimas de abuso sexual, inspiradas en el caso Vanessa Guillén.